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lunes, 18 de abril de 2016

Ugalde discriminó a indígenas e infringió ley en elaboración de Plan de Desarrollo

UGALDE DISCRIMINÓ A INDÍGENAS E INFRINGIÓ LEY EN ELABORACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO



San Luis Al Instante.- El hecho de que el Ejecutivo estatal a través del secretario de Finanzas, José Luis Ugalde Montes, y los ayuntamientos en los que hay población indígena no hayan realizado las actividades que la Ley de Consulta indígena del Estado de San Luis Potosí mandata para integrar el Plan Estatal de Desarrollo y los planes municipales de desarrollo, es un claro acto de discriminación y apuesta al olvido de las demandas de las comunidades y pueblos indígenas de nuestro Estado.

Esto lo denunció la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina, A.C., a través de su asesor Rogel del Rosa Valladares, quien sostuvo que esta postura discriminatoria se fortalece también por el hecho recurrente de que los gobernantes y legisladores solo acuden a la población indígena en épocas electorales, pero cuando gobiernan o legislan lo hacen en contra de ella.

“Como muestra, ahí están las políticas asistenciales que sólo buscan prolongar la pobreza, pero no resolverla; ahí están las reformas constitucionales que ahora permiten el despojo de las tierras, territorios y recursos naturales de las comunidades indígenas para favorecer a las empresas transnacionales de hidrocarburos”, dijo en un comunicado enviado a San Luis Al Instante.

Y añadió que en estas circunstancias, la gestión de amparos por violación al derecho a la consulta para la elaboración del PED, interpuesta por comunidades indígenas de nuestro estado, es un acto legítimo que el gobierno debía reconocer.

“Simplemente lo que el gobierno estatal debía hacer es reconocer que cometió un error garrafal el no realizar el proceso de consulta que marca la ley indígena, y reponer el proceso”, apuntó.

Más aún, además de reponer y organizar un verdadero proceso de consulta indígena para integrar las demandas de este sector clave de nuestro estado, también se le debe consultar para la integración de las instancias ejecutivas del gobierno del Estado y de los ayuntamientos, expuso.

“Quienes estén al frente de la delegación estatal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos indígenas y del Instituto para el Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado, deberían ser personas profesionales conocedoras de la problemática de las comunidades indígenas del estado y de la propia legislación indígena”, manifestó.

“Sostener en esos cargos por amiguismo a personajes oxidados en la burocracia, es seguir alentando la mediocridad y la corrupción en las instancias ejecutivas encargadas de la atención de los pueblos indígenas”, lamentó. Y dijo finalmente: “Nomás echemos un vistazo a los personajes que hoy ocupan esos cargos, y nos daremos cuenta el nivel de discriminación con que se trata a los pueblos indígenas de San Luis Potosí.”

Debe señalarse que los encargados de la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo fueron el secretario de Finanzas, José Luis Ugalde Montes, y el director de Planeación y Presupuesto, Manuel Algara Cossío. Por consecuencia, son ellos los culpables de este acto de discriminación de los pueblos originarios de ese documento rector de la administración pública de San Luis Potosí; y consecuentemente deberían de ser separados de sus cargos.

Más información relacionada en:

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lunes, 21 de octubre de 2013

Náhuatls exigen administrar sus propios impuestos para su bienestar

NÁHUATLS EXIGEN ADMINISTRAR SUS PROPIOS IMPUESTOS PARA SU BIENESTAR


San Luis Al Instante.- Comunidades náhuatls en la región huasteca del Estado de San Luis Potosí exigieron la autogestión en el pago del impuesto predial, a que están obligados ejidos y comunidades a partir de la privatización de las tierras en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

Esta recaudación la administraría una asamblea comunitaria y la aplicarían en obras y acciones que permitan su propio bienestar.

Asimismo, demandaron que los presupuestos del gobierno del Estado y de los ayuntamientos sean administrados directamente por la asamblea del pueblo náhuatl; y además exigieron que esas autoridades los apoyen con recursos económicos, humanos y materiales en la elaboración de sus planes de desarrollo.

Otra demanda fue que los funcionarios sean obligados a respetarlos y tomarlos en cuenta en la configuración de sus planes y políticas públicas.

Estas propuestas las hicieron a través de voceros en la comunidad de Escuatitla, perteneciente al municipio de San Martín Chalchicuatla, durante un foro de consulta convocado por el Congreso del Estado para elaborar una Ley Indígena en el Estado.

En este mismo escenario pidieron que los cargos comunitarios de mayor jerarquía sean ocupados por mujeres en no menos del 50 por ciento de los escaños; y además que las actas del Registro Civil, nacimiento, defunción o divorcio, entre otras, sean gratuitas.

Otra postura del pueblo náhuatl es que a los jueces auxiliares les sea reconocido su trabajo con una remuneración económica equivalente a 100 días de salario mínimo al mes, porque actualmente no reciben ningún apoyo.

Demandaron programas y acciones del Estado para eliminar la violencia contra la mujer; y además que la asamblea comunitaria defina si se deben o no vender bebidas embriagantes, porque el alcoholismo ocasiona graves problemas en las familias y en las personas.

En este foto participaron Marcelino Rivera Hernández, presidente municipal de San Martín Chalchicuautla; J. de Jesús Sánchez Labastida, el juez menor de Axtla; Viridiana García Martínez, de la Subprocuraduría regional de la Huasteca sur; y autoridades de la etnia náhuatl.


Asimismo, demandaron que los presupuestos del gobierno del Estado y de los ayuntamientos sean administrados directamente por la asamblea del pueblo náhuatl; y además exigieron que esas autoridades los apoyen con recursos económicos, humanos y materiales en la elaboración de sus planes de desarrollo.

Otra demanda fue que los funcionarios sean obligados a respetarlos y tomarlos en cuenta en la configuración de sus planes y políticas públicas.

Estas propuestas las hicieron a través de voceros en la comunidad de Escuatitla, perteneciente al municipio de San Martín Chalchicuatla, durante un foro de consulta convocado por el Congreso del Estado para elaborar una Ley Indígena en el Estado.

En este mismo escenario pidieron que los cargos comunitarios de mayor jerarquía sean ocupados por mujeres en no menos del 50 por ciento de los escaños; y además que las actas del Registro Civil, nacimiento, defunción o divorcio, entre otras, sean gratuitas.

Otra postura del pueblo náhuatl es que a los jueces auxiliares les sea reconocido su trabajo con una remuneración económica equivalente a 100 días de salario mínimo al mes, porque actualmente no reciben ningún apoyo.

Demandaron programas y acciones del Estado para eliminar la violencia contra la mujer; y además que la asamblea comunitaria defina si se deben o no vender bebidas embriagantes, porque el alcoholismo ocasiona graves problemas en las familias y en las personas.


En este foro participaron Marcelino Rivera Hernández, presidente municipal de San Martín Chalchicuautla; J. de Jesús Sánchez Labastida, el juez menor de Axtla; Viridiana García Martínez, de la Subprocuraduría regional de la Huasteca sur; y autoridades de la etnia náhuatl.